El género de las sanciones “inteligentes” o “selectivas” se afirma históricamente en relación con la necesidad de asegurar una mayor protección de los derechos humanos fundamentales de las poblaciones locales potencialmente afectadas por la introducción de sanciones económicas, con respecto a lo que podría ocurrir en el caso de la imposición indiscriminada de medidas restrictivas de carácter económico contra un Estado, asegurando, al mismo tiempo, un instrumento eficaz para combatir las organizaciones terroristas internacionales y las violaciones del derecho internacional.